El vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), doctor Juan José Morillo, participó, este 26 de septiembre de 2019, en la audiencia pública sobre “Independencia Judicial y la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en Ecuador”, realizada durante el 173° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos de Norteamérica.

En su intervención, el doctor Morillo se refirió a la evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y sostuvo que el CJ tiene potestad para realizar este proceso, según lo dispone el artículo 181 numerales 3 y 5, de la Constitución de la República del Ecuador.

De igual modo, el vocal Morillo, quien estuvo acompañado del director nacional de Gestión Procesal del CJ, Henry Arcos, citó el artículo 187 de la Constitución que establece que todos los servidores judiciales deben ser evaluados de acuerdo a parámetros técnicos elaborados por la Judicatura.

En este marco, el doctor Morillo señaló que la evaluación es técnica, transparente y garantiza la independencia judicial interna y externa. “No pretendemos revisar ni modificar las decisiones jurisdiccionales. Las y los jueces solo están sometidos a la Constitución, a los instrumentos internacionales y a la ley”, afirmó.

Destacó que este proceso, desde su inicio, cuenta con la participación ciudadana, evidencia de ello son el Comité de Expertos y el Comité de Apoyo a la Evaluación, integrados con postulantes que provinieron de la sociedad civil y de la academia. También existe una veeduría ciudadana que fue designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Indicó, además, que el objetivo de la evaluación es fortalecer y modernizar la administración de justicia y por ello serán sometidos a este proceso, todos los funcionarios jurisdiccionales y administrativos, fiscales y defensores públicos.

En esta audiencia también participaron representantes de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General del Estado.

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