18 jueces y juezas civiles y multicompetentes de la provincia del Cañar, participarán este jueves 4 de julio en la “Presentación de Estrategias Interinstitucionales para Combatir la Usura”, organizado por el Consejo de la Judicatura a nivel nacional para combatir el delito de usura.

Este encuentro se desarrollará simultáneamente en siete sedes regionales a través de una videoconferencia, a la que asistirán los operadores de justicia de todo el país. La ciudad de Cuenca será sede para las provincias de Cañar, Morona Santiago y Azuay.

El objetivo de este evento es dotar a los jueces de herramientas que permitan identificar posibles implicaciones relacionadas con este delito y que puedan existir en las causas que llegan a su conocimiento.

En el desarrollo de esta capacitación, intervendrá un delegado de la Corte Nacional de Justicia, quien dará a conocer las disposiciones legales al momento de enfrentar un caso de usura.

También el Colegio de Economistas de Pichincha, en coordinación con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, analizará herramientas y criterios para identificar trasfondos de usura en las causas. También se realizarán mesas de trabajo y exposiciones de casos prácticos.

Este evento es una respuesta a las denuncias presentadas en el Consejo de la Judicatura. En el país existen miles de perjudicados por préstamos usurarios. Dichos empréstitos, de acuerdo a los denunciantes, habrían sido concedidos por personas naturales al margen del ordenamiento jurídico, con intereses superiores al máximo permitido por la ley y con cobros excesivos.

Adicionalmente, en muchos casos, bienes inmuebles de propiedad de los deudores habrían sido embargados y hasta adquiridos en remate por los propios prestamistas ilegales, como producto de acciones judiciales de cobro de las deudas contraídas ilegalmente.

Según un estudio del Colegio de Economistas de Pichincha, solo en la capital existirían más de 3000 perjudicados por agiotismo, el monto que se habría movilizado por esta causa superaría los mil millones de dólares en todo el país.

Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura convocó a la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, ministerios Coordinador de Desarrollo Social y del Interior; a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Corporación Nacional de Finanzas Populares y a la Subsecretaría de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, a aunar esfuerzos y plantear varias estrategias dirigidas a acabar de manera definitiva con esta lacra social.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CAÑAR